Mitsuye Endo Persevera por la Justicia

Mitsuye Endo desafió la constitucionalidad de las relocalizaciones obligatorias de miles de japoneses y japoneses-americanos de sus hogares y finalmente ganó.

El 7 de diciembre de 1941 Japón emprendió un ataque sorpresivo contra Pearl Harbor que empujaría a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Dos meses después del mortífero ataque, el Presidente Franklin Roosevelt emitió la orden ejecutiva número 9066 que autorizaba el traslado obligatorio de las personas de ascendencia japonesa a lo largo de la costa del Pacífico y llevó a su detención en campos en el interior de la nación.

Más de 100,000 japoneses-americanos fueron sacados de sus hogares y sus negocios por las autoridades. La mayor parte de ellos eran Nisei, japoneses-americanos de segunda generación nacidos en América. Mitsuye Endo, una mecanógrafa en el Departamento de Vehículos de Motor de Sacramento, la capital de California, estaba entre los que fueron despedidos de sus empleos y enviados a un campo de relocalización en Utah.

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Un puñado de japoneses-americanos desafiaron la constitucionalidad de los traslados obligatorios, entre ellos Mitsuye Endo, y finalmente ganaron. Su abogado, James Purcell, expidió una orden de habeas corpus a su favor exigiendo que la encausaran o la dejaran en libertad para desafiar el traslado. El gobierno de los Estados Unidos respondió con una oferta de poner en libertad a Endo fuera de la costa oeste en vez de cuestionar la constitucionalidad de la detención. Endo valientemente se negó a aceptar la oferta y permaneció encerrada sin cargos por dos años más a medida que proseguía con su caso.

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En diciembre de 1944, la Corte Suprema dictaminó que la lealtad de Endo estaba claramente establecida y no había base para el encarcelamiento. El juez asociado Frank Murphy acordó que “la detención en centros de relocalización para personas de descendencia japonesa, sin importar su lealtad, no está autorizada por el Congreso ni por el Poder Ejecutivo, sino que es otro ejemplo del recurso inconstitucional al racismo en todo el programa de evacuación.” Después del dictamen, las órdenes de exclusión se suspendieron y los japoneses-americanos pudieron regresar a sus hogares a lo largo de la costa del Pacífico.